El regreso de “Jaime” STIUSO REGRESO !!! Jaime Bond . Argentino esta atrás de todo...
La aparición del ex-secretario de Obras Públicas José López en un convento de General Rodríguez durante la helada madrugada del martes alteró la agenda política de la semana y probablemente de los próximos meses.
López tiraba bolsas con dinero -le encontraron casi nueve millones de dólares- cuando un vecino de voz tranquila se comunicó al 911. Del otro lado de la línea, no lo esperaron muchas preguntas y al rato un patrullero con dos capitanes se acercó al lugar.
El ex-número dos de Julio De Vido no sólo había llegado hasta ahí con las bolsas de efectivo sino que también tenía una ametralladora. ¿Por qué López eligió esa madrugada para esconder el dinero en el monasterio y por qué llevaba un arma de guerra?
Lo más probable es que haya recibido una llamada anunciándole que iba a ser allanado. Lo que siguió fue parte de un guión. Desde los márgenes del espectro político, hay quienes ven la mano de los servicios en la escritura de esos episodios. ¿La “caída” de López es una de las piezas del tablero que empezó a moverse desde la reaparición de Antonio Jaime Stiuso en febrero?
La Casa está en orden, podría decir Mauricio Macri tan sólo seis meses después de llegar al gobierno, pero no se está refiriendo al país sino a la aciaga ex-SIDE.
Un decreto del 9 de mayo devolvió a la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) algunos de los tesoros más deseados: la disciplina del secreto, los fondos reservados y un vía libre para operar en los tribunales federales.
Sin embargo, el mayor gesto hacia los espías parece haber emanado de boca de Emilio Monzó, quien el 7 de junio confirmó que el gobierno planeaba recuperar la joya de la corona: las escuchas.
El 29 de febrero es siempre un problema en el calendario. Este año se sintió como un sismo en el sistema político y judicial argentino. Marcó el regreso a escena de “Jaime” Stiuso, el otrora hombre fuerte de los servicios de inteligencia, el que se convirtió en el enemigo número uno de la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el último año de su mandato.
El 29 de febrero es siempre un problema en el calendario. Este año se sintió como un sismo en el sistema político y judicial argentino. Marcó el regreso a escena de “Jaime” Stiuso
En el palacio de Tribunales, se sentó frente a la jueza Fabiana Palmaghini y a la fiscal Viviana Fein, quienes tenían a su cargo la investigación de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, tan sólo cuatro días después de denunciar a CFK y a su entonces canciller, Héctor Timerman.
No era la primera vez que Fein -una fiscal de instrucción sin vínculos políticos y sin demasiada exposición pública- y Stiuso se veían la cara. Él había declarado ante ella en febrero del año pasado antes de dejar el país.
En ese entonces, había dicho que no había respondido a los insistentes llamados de Nisman porque tenía el teléfono con el sonido bajo. Nisman y Stiuso se conocieron cuando la causa estaba todavía en manos de Eamon Müllen y José Barbaccia, los ex-fiscales que actualmente están siendo juzgados por el encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994.
Stiuso, un hombre que maneja los hilos del poder judicial como nadie : acusó a Fein de haber omitido en su primer testimonial la supuesta referencia a que Nisman había sido asesinado.
Palmaghini -que un día después de escuchar a Stiuso- declinó su competencia y decidió mandar el expediente al fuero federal, alegando violaciones del correo electrónico del fiscal asesinado, algo que estaba desde hacía tiempo en el expediente. Su intento no tuvo éxito y la causa finalmente quedó en la justicia ordinaria.
Según el informe que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó el jueves en Caras y Caretas, el intento de Palmaghini fue muy similar al de la ex-mujer de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en la causa que investigaba el espionaje a funcionarios y políticos.
La magistrada los había procesado en 2012 pero el 30 de diciembre de 2015 anuló su propia resolución, aduciendo que la causa había sido generada por un informe de inteligencia. Nada nuevo.
De acuerdo con la investigación, entre 2006 y 2008, el ex-jefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre habría hackeado los mails de la ex-presidenta, el canciller, ministros de Defensa y otros funcionarios para vender esa información.
Carlos Pagni y Roberto García habrían adquirido esa información. En marzo, la sala III de la Cámara Federal de Casación sobreseyó a todos los acusados.
El fiscal federal Javier De Luca impugnó la resolución. “La interpretación de la Sala conlleva la impunidad de una asociación ilícita con actividades de espionaje, integrada por ex-agentes de inteligencia y por el jefe de la ex-SIDE”, escribió.
La semana pasada llevó el caso en queja a la Corte Suprema, intentando resucitar la causa ahogada por la jueza de San Isidro y por el máximo tribunal penal del país.
Arroyo Salgado tuvo un rol clave en la causa por la muerte del padre de sus dos hijas, tratando de enfocar la investigación hacia el homicidio y trabando otras medidas que pudieran sugerir lo contrario, según se quejó la fiscal que entendía en el caso.
Fein, quien se jubiló el mes pasado, se enfureció con la decisión de Palmaghini y en marzo denunció que la jueza le sacó la causa justo cuando analizaba por qué se había incrementado el tráfico de comunicaciones entre hombres vinculados a la inteligenciadurante la mañana del 18 de enero de 2015, cuando Nisman ya estaba muerto.
Ese día hubo llamados de Stiuso a Alberto Mazzino -el jefe de Análisis de la ex-SIDE- y de éste a Fernando Pocino, sindicado como el principal adversario de Stiuso en la Casa.
Las llamadas también incluyeron al ex-jefe del ejército César Milani y a Juan Martín Mena, el número 2 de la AFI durante el último año de gestión de CFK.
Reforma, ¿qué reforma?
La crisis entre el gobierno kirchnerista y los servicios de inteligencia no surgió ni con la denuncia de Nisman ni con su posterior muerte.
Hay quienes la sitúan con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán para investigar el atentado de 1994 y que tuvo su primera manifestación con el fallo de la Cámara al declararlo inconstitucional en mayo de 2014.
La Cámara de Diputados aprobó el 25 de febrero del año pasado la reforma a la ley de inteligencia. El principal cambio venía de la mano del pase de la Dirección de Observaciones Judiciales (la tristemente célebre OJOTA) a la órbita de la Procuración General de la Nación.
Sin embargo, también avanzaba en otorgar cierta transparencia al manejo de los fondos y del organigrama de la agencia, parte del compromiso asumido por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de una presentación de Memoria Activa.
El nuevo estatuto convierte a todo aquel que trabaja en la AFI -aún en tareas administrativas o de limpieza- en personal de inteligencia.
Días atrás, la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) expresó su preocupación por el dictado del decreto 656/16 y se preguntaba si había una vuelta al oscurantismo.
“Parece que de la reforma sólo quedó un cambio de nombres”, protestó María Eugenia Carrasco, directora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), que integra la ICCSI.
Según explicó Carrasco, el nuevo estatuto convierte a todo aquel que trabaja en la AFI -aún en tareas administrativas o de limpieza- en personal de inteligencia.
La derogación del régimen de administración de fondos puso en alerta a Memoria Activa y al CELS, quienes habían motorizado la presentación ante la CIDH en 1999 por el encubrimiento del atentado a la AMIA y que pidieron una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que explicara el alcance de la medida.
El uso discrecional de los fondos de la entonces SIDE sirvió para, entre otras cosas, fabricar una línea de investigación en la causa AMIA y pagar el soborno al reducidor de autos Carlos Telleldín, quien terminó involucrando a unas brigadas de la policía bonaerense en la voladura de la AMIA.
Años atrás, en 2011, se detectó que la Secretaría de Inteligencia (SI, el nombre que recibió la SIDE tras la reforma impulsada por Fernando de la Rúa) estaba detrás de una supuesta maniobra para evitar mediante el pago de una coima que se confirmara el procesamiento de los responsables del asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, asesinado por una patota de laUnión Ferroviaria de José Pedraza.
“De la reforma queda que podamos conocer los nombres de quienes están a cargo de la AFI, pero ni siquiera eso, porque los pliegos no fueron enviados al Senado”, dijo Carrasco.
Viejos nuevos nombres
Pocos sabían de Gustavo Arribas cuando Macri lo designó al frente de la AFI. Según un artículo de la revista Noticias, el presidente y Arribas se conocieron jugando un partido de fútbol y los presentó Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica de la presidencia.
Pese a no tener experiencia en las tareas de inteligencia, Macri defendió en público la elección de Arribas, quien además de ser escribano, se dedicaba a la venta de jugadores y estuvo cerca de Macri cuando dirigía Boca Juniors.
El club de la Ribera también une a los dos con el principal operador del macrismo en los tribunales federales, Daniel Tano Angelici, erigido en el principal motivo de discordia entre Macri y Elisa Lilita Carrió, su socia en la coalición gobernante Cambiemos.
Angelici logró “blanquearse” en la política judicial el pasado 26 de abril, cuando la lista Gente de Derecho (GDD) encabezada por Jorge Rizzo y secundada por Angelici confirmó su hegemonía en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Los nexos entre GDD y el macrismo no son nuevos. De hecho, en 2014, GDD ganó una banca en el Consejo de la Magistratura nacional en alianza con el PRO. Conformaban la boleta la actual consejera Adriana Donato y Germán Garavano, el actual ministro de Justicia.
La señora ocho, es decir la número dos de la AFI, es Silvia Majdalani, una ex-diputada del PRO pero de origen peronista y de buenos vínculos con el ex-presidente Carlos Menem, que tuvo su primer contacto con los servicios al integrarse a la comisión bicameral que debe ejercer control sobre las acciones de la agencia.
La bicameral, en general, se ha mostrado proclive a mantener el secretismo de los órganos de inteligencia, explicó Carrasco. Majdalani también tenía una relación de amistad con Francisco Paco Larcher, quien ocupara su mismo cargo hasta que CFK descabezó la SI en diciembre de 2015.
Los nexos entre Majdalani y Larcher ya irritaban en 2012 a Carrió, quien le dijo al diario La Nación que impugnaría la designación de Majdalani en la bicameral porque era amiga de quien debía controlar.
De la mano de Majdalani, llegó a la AFI el fiscal general Eduardo Miragaya, enfrentado a su jefa desde que llegó a la Procuración General y a quien denunció por las designaciones de fiscales ad hoc por supuesto abuso de autoridad.
Miragaya está a cargo del área de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la ex-SIDE. Señalado como un operador judicial del menemismo, Miragaya le negó tener esos vínculos a La Nación.
“Sólo hablo con Servini”, en referencia a la jueza María Romilda Servini de Cubría, que llegó a Comodoro Py poco después de que Menem asumiera la presidencia.
En una entrevista con La Nación en mayo de 2015, Servini reconoció que conocía bien al hombre fuerte de los servicios. “Es un gran investigador”, dijo en referencia a Stiuso.
Con Macri también volvió a los servicios Juan José Gallea, designado al frente del área de Finanzas de la AFI. Gallea había estado asociado a Sergio Szpolski en el Grupo Veintitrés -denunció Carrió ante la justicia penal económica.
En la denuncia, la líder de la Coalición Cívica también mencionaba a Darío Richarte y a Javier Fernández, un operador judicial vinculado a Stiuso, como integrantes del Grupo Veintitrés, aunque Fernández negó su pertenencia en una carta que envió al diario La Nación.
Richarte fue el número dos de la SI durante la gestión de de la Rúa y es el dueño de uno de los estudios jurídicos de mayor peso en Comodoro Py. Como coletazo del enfrentamiento entre los servicios y el kirchnerismo en 2015, Richarte y Diego Pirota renunciaron a la defensa del ex-vice-presidente Amado Boudou en la causa Ciccone.
En marzo del año pasado, Richarte también dejó su cargo como vicerrector en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Justamente el estudio de Darío Richarte renunció al patrocinio del detenido López tres semanas después de que Nisman fuese encontrado sin vida y como parte de la onda expansiva de la crisis entre los servicios y el kirnerismo.
El juego judicial
El estado de conmoción que generó la denuncia de Nisman y que empeoró su muerte apuró una reforma de inteligencia, que tenía como objetivo modificar cómo los servicios se relacionaban con el poder judicial. La reforma establecía que sólo podían tener trato con jueces y fiscales quienes dirigían la AFI.
“Derogado el decreto y los anexos, se caen esas reglas y persisten los problemas”, explica Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.
“La reforma intentó restringir el contacto pero eso no significaba necesariamente que esas prácticas fueran a cambiar.
Parte del problema es que tenían el contacto habilitado. Eso también tenía una razón: las deficiencias de las policías a la hora de investigar”.
Según explica Litvachky, el problema de la vinculación de los servicios con los operadores judiciales tiene dos aristas. Por un lado, los servicios llevan adelante investigaciones criminales, reúnen prueba a pedido de jueces y fiscales.
La irrupción de la SIDE en investigaciones judiciales vino de la mano de la causa AMIA pero se volvió la regla. ¿Cómo se origina la prueba? Difícil saberlo.
La otra cara del problema es la relación de los servicios en el funcionamiento de los juzgados y fiscalías o la intervención para el nombramiento o remoción de jueces. ¿Cómo lo hacen? A través de operadores judiciales, los nexos entre la justicia y la política.
“Estamos en una situación donde no parece haber buenas perspectivas y donde no parecen ser sostenidos los cambios que habían surgido a partir de la crisis”, advierte la integrante del CELS.
Escuchas
El 26 de enero de 2015, CFK anunció la reforma de inteligencia y que las escuchas pasarían a la Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó.
El anuncio molestó en la Corte de Suprema. El titular del máximo tribunal comentó que podían existir impugnaciones si las grabaciones la hacía el ministerio público.
La procuración realizó rondas con especialistas y con ONGs para transparentar el manejo de las captaciones telefónicas.
En julio, la procuración desembarcó en la casona de Los Incas de la mano de Cristina Caamaño, la fiscal que dirigió la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra y que más tarde secundó a Nilda Garré en el recién creado Ministerio de Seguridad.
La fiscal se propuso que Los Incas dejara de ser la cueva de los servicios que había sido. Cambió a los agentes de inteligencia por abogados o estudiantes de Derecho contratados por la procuración.
Puso un cartel sobre la calle para que todos supieran qué se hacía ahí dentro y en su oficina colgó un cartel de Madres de Plaza de Mayo.
Cambio de era en la OJOTA
Caamaño dispuso que sólo se podrían realizar escuchas en Los Incas y no en las restantes oficinas de la ex-OJOTA en el resto del país. Según un informe de la Procuración, desde que llegaba un oficio judicial se tardaban menos de 20 minutos en conectar con la línea que tenía que ser investigada.
Había quedado atrás la época en la que había que apelar a los favores de los espías para avanzar en una comunicación.
Sin embargo, esos datos no convencieron a Macri y a pocos días de llegado a la Casa Rosada, decidió sacarle las escuchas a Gils Carbó y pasarlas a la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo, para el máximo tribunal, no había necesidad y urgencia y postergó hasta el 15 de febrero una decisión sobre el futuro de las escuchas.
Entonces delegó la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC) en manos de Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal porteña.
La DCC está actualmente a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, uno de los secretarios del juez Ariel Lijo.
Según fuentes, la ola de secuestros y la lentitud de la DCC y hasta la falta de insumos generaron tensión entre Lorenzetti y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad.
Arribas protestó en público durante una de las reuniones en las que se discutía crear una unidad fiscal para investigar secuestros extorsivos.
“No es obvio que pueden tener las escuchas. Lo que demuestra es que hay que mejorar las policías”, insiste Litvachky. “Que se sacaran las escuchas de la órbita del ministerio público ya era parte de un cambio, de un retroceso, para que retornen a inteligencia”.
Caamaño coincide en que sería un retroceso. “Volverán los negociados, que es lo que se quiso evitar con la reforma”, dijo a Nuestras Voces.
Las escuchas le han causado más de un dolor de cabeza a Macri. En octubre de 2009, se denunció que lo habían estado vigilando a Sergio Burstein, querellante en la causa AMIA, y a Néstor Leonardo, el cuñado del actual presidente.
El espía Ciro James, que trabajaba para la policía federal y en el ministerio de Educación porteño, retiraba por ventanilla las grabaciones en la OJOTA. Era parte de la trama Jorge “Fino” Palacios, acusado de encubrir el atentado de 1994.
En 2010, Norberto Oyarbide — quien anunció su retiro a poco de asumido Macri — procesó al entonces jefe de gobierno. En 2014, Sebastián Casanello sostuvo que no había elementos para enviar a Macri a juicio pero tampoco para sobreseerlo.
Cambió de opinión a días de que asumiera como presidente, al igual que el fiscal Jorge Di Lello, quien había impulsado la causa.
